Demandan el fin de la impunidad de las empresas transnacionales

Colectivos de la sociedad civil, sindicatos, comunidades afectadas y parlamentarios se reunirán en una conferencia en Bruselas el 5 de septiembre para instar a la UE para promover un Tratado de la Internacional de los Pueblos y Tribunal Internacional que regule a las corporaciones transnacionales y las inversiones para el interés público.

El derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh, que mató a más de 1132 trabajadores y dejó a miles de heridos – la mayoría mujeres-, así como la masacre de 34 mineros en la mina de platino Lonmin Plcs en Marikana (Sudáfrica) son dos ejemplos recientes de cómo las operaciones de las empresas transnacionales dan lugar a la violación flagrante de los derechos humanos. Al respecto, Rehad Desai Presidente de la Campaña de Apoyo a Marikana (Sudáfrica) urge: “Necesitamos poner fin a la negligencia e impunidad de las empresas transnacionales. La masacre de Marikana demuestra de forma devastadora pero clara las relaciones mortíferas entre el poder corporativo y la represión, en nombre del incremento de beneficios para las transnacionales. Exigimos que el Estado garantice el derecho a la justicia de los trabajadores y los familiares de las víctimas, mediante compensaciones adecuadas, así como el acceso al sistema judicial”.

Estos ejemplos están lejos de ser casos aislados, como muestran otros ejemplos recientes de comunidades locales en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, Filipinas e Indonesia, cuyos derechos fundamentales han sido violados por corporaciones transnacionales de forma sistemática y permanente. Esto se ve facilitado y protegido por una arquitectura de la impunidad construida sobre los tratados de libre comercio y de inversiones. Por otro lado, los códigos de conducta voluntarios recogidos en los Principios Rectores de la ONU, propuestos por las empresas transnacionales, no son eficaces para la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos. El enfoque actual de la UE que se centra en la promoción de informes sociales y ambientales por las empresas transnacionales también es insuficiente y necesita ser reemplazado por la creación de normas de obligado cumplimiento

Gabi Zimmer, Presidenta del Grupo GUE/NGL, comenta al respecto que “En la actualidad, los gobiernos de la UE no están tomando ninguna responsabilidad en lo que respecta a la regulación de las operaciones de las empresas transnacionales en el extranjero. Necesitamos urgentemente un marco transnacional de normas obligatorias para que las empresas que tienen actividad en terceros países sean responsables”.

Brid Brennan de Transnational Institute (TNI) y miembro de la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo refiere en ese sentido que “Es hora de poner fin a la impunidad de las corporaciones transnacionales y promover alternativas de rendición de cuentas, como el Tratado Internacional de los Pueblos. Esto incluye poner las bases para establecer un Tribunal Internacional que juzgue los crímenes sociales, económicos y ecológicos de las transnacionales”.

Estos son algunos de los temas clave que se tratarán el 5 de septiembre en la Mesa Redonda organizada en el Parlamento Europeo: ” Desafiando el poder corporativo – Inversiones e impunidad en la crisis, ¿cuáles son las alternativas? Hacia un Tratado Internacional de los Pueblos, convocada por el Grupo GUE/NGL en coordinación con redes de los movimientos sociales y la sociedad civil tales como: la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la impunidad de las transnacionales, Enlazando Alternativas, Transnational Institute (TNI), Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Ecologistas en Acción, War on Want, OMAL – Paz con Dignidad, CADTM, CETIM, OIDHACO y la Red Seattle to Brussels.

La Mesa Redonda contará con la participación de Gabi Zimmer, Presidenta del Grupo GUE/NGL, Juan Ramón Quintana, el Ministro de la Presidencia de Bolivia, así como un conjunto de parlamentario/as europeo/as de diferentes grupos políticos, actores clave de los movimientos sociales de América Latina, África y Asia, sindicatos, comunidades afectadas, y expertos a nivel jurídico internacionalmente reconocidos.

fuente: Ecologistasenaccion.org

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